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Roma y su legado
El derecho romano [Autoevaluación]

La Península Ibérica: Dominación Romana (s. III ac - s V d.C.)

Al terminar la II Guerra Púnica la Península Ibérica pasaba a formar parte del ámbito de influencia y poder de Roma y del derecho romano. Sin embargo, en sus inicios, el proceso de romanización fue lento, pues hubo de vencer la resistencia de los pueblos del interior. Por eso, habremos de esperar al año 133 (fin de la Guerra de Numancia) para ver promulgada una lex provincialis que determinaba las situaciones de las ciudades indígenas respecto a Roma.
Poco a poco las ciudades indígenas se convirtieron en municipios romanos o latinos, aunque con una organización político-administrativa prerromana. No será hasta el 73 d.C. cuando Vespasiano conceda el derecho latino a todas las ciudades (Ius Latii Minus) de Hispania y, con ello, la administración provincial se ajustará a la Constitución y al Derecho romano.

No obstante, la ley de Vespasiano no supuso la completa romanización de Hispania. Será la Constitutio Antoniniana, promulgada por Antonino Caracalla, en 212 d.C., la que conceda la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio.

La administración de la justicia corresponderá al gobernador principal y al magistrado correspondiente. Asistidos por un Consejo provincial (Consilium) de veinte miembros juzgarán en nombre del emperador. El gobernador acudía periódicamente a la capital de cada distrito judicial o conventus iuridicus para administrar justicia a los habitantes de la circunscripción. En el Bajo Imperio el gobernador podía delegar en jueces locales llamados pedáneos (pedanei).

A partir del siglo V, y en los últimos años de la dominación romana, se aplicará la jurisprudencia del Código Teodosiano, que recogía las leyes dispersas de aplicación particular y las disposiciones imperiales sobre cada territorio.